¿Quiénes Lideraron La Primera República Española?

Tengo grabada en la cabeza la rapidez con que se derrumbó aquel proyecto monárquico y nació la Primera República Española; fue todo un torbellino político entre 1873 y 1874. La República se proclamó el 11 de febrero de 1873 tras la abdicación del rey Amadeo I, y en la práctica la formaron los líderes que asumieron la jefatura del Poder Ejecutivo y los líderes republicanos en las Cortes. El primer presidente del Poder Ejecutivo fue Estanislao Figueras (febrero–junio de 1873), un moderado que intentó ordenar el caos político tras la salida de Amadeo. Le sucedió Francesc Pi i Margall (junio–julio de 1873), figura clave del republicanismo federal y pensador influido por el federalismo europeo; su etapa fue breve y marcada por tensiones internas sobre el modelo de Estado. Después vino Nicolás Salmerón (julio–septiembre de 1873), que intentó sostener el orden constitucional pese a la creciente violencia y a la insurrección cantonal en varias ciudades. Más tarde asumió Emilio Castelar (septiembre de 1873–enero de 1874), un orador brillante y representante del republicanismo más unitario y liberal, cuyo gobierno afrontó con dureza la guerra carlista y las revueltas internas. El golpe del general Manuel Pavía el 3 de enero de 1874 disolvió las Cortes y fracturó la república: aunque Pavía fue quien dio el golpe, el poder ejecutivo quedó en manos del general Francisco Serrano, duque de la Torre, que actuó como jefe del ejecutivo hasta la restauración borbónica con Alfonso XII a finales de 1874. Si lo pienso con calma, no fue tanto una «formación» unida como una sucesión de líderes y proyectos enfrentados: federalistas como Pi i Margall, republicanos liberales como Salmerón y Castelar, militares como Pavía y Serrano, y la sombra constante de la guerra carlista y el cantonalismo. Esa mezcla de idealismo político, debilidad institucional y tensión militar explica por qué la Primera República duró tan poco. Personalmente me deja la sensación de que fue un experimento audaz pero condenado por la falta de consenso y por la inestabilidad social y militar.

Me cuesta no emocionarme al pensar en aquel torbellino político que desembocó en la proclamación de la «Primera República Española», porque es un ejemplo perfecto de cómo se alinean crisis muy distintas y se convierten en un todo inestable. En primer lugar, la crisis tenía raíces antiguas: la monarquía isabelina había perdido legitimidad tras las corrupción y los fracasos políticos, y la Revolución de 1868 abrió un periodo (el Sexenio Democrático) en el que distintos proyectos —monárquicos moderados, liberales progresistas y republicanos— competían sin cerrar acuerdos duraderos. La llegada de Amadeo I intentó estabilizar la situación, pero su reinado estuvo marcado por atentados, la guerra carlista en el norte y una fuerte polarización parlamentaria. Cuando Amadeo abdicó en 1873, el vacío de poder fue total. Además, los republicanos no eran un bloque monolítico: federalistas y unitarios chocaban sobre la forma del Estado, y eso facilitó el estallido de cantonalismos en el sur, donde alcaldes y juntas proclamaron autonomías locales. A la par, la economía no iba bien y la influencia del ejército, con pronunciamientos frecuentes, imposibilitaba una continuidad política. En mi opinión, la «Primera República» fue el resultado de una suma de pérdida de legitimidad monárquica, falta de acuerdos entre élites y fuerzas populares, y un contexto social y militar que no permitía gobernar con calma; fascinante y trágico a la vez.

Recuerdo con nitidez las discusiones que rodeaban la proclamación de la Primera República en 1873; fue una etapa corta pero llena de ambición reformista y contradicciones. Tras la abdicación de Amadeo I se abrió un debate enorme sobre cómo modernizar España: hubo un impulso fuerte hacia la descentralización y la idea de una república federal, impulsada sobre todo por corrientes que querían dar más poder a las provincias y municipios y acabar con un Estado excesivamente centralizado. Ese proyecto buscaba reconocer identidades regionales y crear estructuras administrativas más ágiles, algo que para muchos era urgente después de décadas de gobiernos inestables. Al mismo tiempo, se intentaron cambios en lo civil y lo laico: hubo presiones para avanzar en la secularización del Estado, fortalecer el registro civil, limitar privilegios eclesiásticos y ampliar las libertades públicas que ya comenzaban a germinar desde la década anterior. En lo económico y administrativo, se habló de reformas fiscales y de orden público, además de iniciativas para modernizar la administración y profesionalizar el ejército, aunque la inestabilidad política y las rebeliones cantonales impidieron profundizarlas. La propia dinámica interna —presidencias sucesivas con visiones distintas, el cantonalismo en el Mediterráneo y la reacción conservadora— hizo que muchas propuestas quedaran en papel o se aplicaran de forma parcial. Al final, lo que más me quedó fue la sensación de que hubo voluntad reformista real, pero la mezcla de fractura interna y falta de herramientas prácticas terminó por desdibujar un proyecto que pudo haber cambiado el rumbo del país; lo veo como un episodio valiente pero truncado de nuestra historia.

Me viene a la cabeza una imagen de funerales, proclamaciones y barricadas que conviven en el mismo mapa. Yo veo las guerras como el telón de fondo que hizo imposible que la Primera República española pudiera respirar. Desde el norte, la tercera guerra carlista (que ya había estallado en 1872) mantenía a buena parte del Ejército y de la sociedad en tensión; en el sur y el levante, la «Revolución Cantonal» de 1873 mostró lo profunda que era la fractura territorial y política dentro del propio campo republicano. Al mismo tiempo, la guerra de Cuba seguía consumiendo recursos y legitimidad internacional. Todo eso obligó al gobierno a repartir fuerzas, esfuerzos y autoridad en muchos frentes. El resultado fue doloroso: la república se encontró sin capacidad para imponer un proyecto único (federalista o unitario), dependiente de generales y de decisiones militares que acabaron decantando la balanza. La fragmentación interna y la presión militar facilitaron el golpe de mano del 1874 y la posterior restauración borbónica. Me queda la sensación de que, más que una república derribada solo por conspiradores, lo que vimos fue un sistema democrático ahogado por guerras que desangraron su cohesión y su tiempo político.

Me sorprende lo rápido que se vino abajo la Primera República; aquello fue una mezcla de oportunidad política y fragilidad institucional que explotó por todas las costuras. Cuando Amadeo I abdicó en febrero de 1873 se abrió un vacío enorme: la República nació sin un respaldo social amplio ni un consenso claro sobre qué tipo de Estado quería la gente. En cuestión de meses se enfrentaron dos grandes proyectos: federalistas que soñaban con autonomías locales y republicanos unitarios que buscaban orden central. Esa pelea no era solo teórica, se tradujo en insurrecciones como el movimiento cantonal —la famosa rebelión en Cartagena— que mostró que la República no podía imponer su autoridad en todo el territorio. Además, el país estaba inmerso en conflictos simultáneos que drenaron recursos: la Tercera Guerra Carlista y la guerra colonial en Cuba, más la crisis económica y el descontento social. Con gobiernos que cambiaban cada poco y el ejército cada vez más protagonista, la estabilidad fue imposible. Al final, la falta de apoyo popular, las divisiones internas y la intervención militar marcaron su fracaso rápido; me queda la sensación de que fue una oportunidad perdida por prisa y desunión.

Recuerdo que, en clase, la idea de la Primera República siempre sonaba como una tormenta corta pero intensa que dejó todo un reguero de consecuencias económicas por limpiar. Durante sus menos de dos años, la inestabilidad política fue la protagonista: alternancia rápida de gobiernos, la guerra carlista en el norte y la rebelión cantonal en el sur y sureste obligaron al Estado a gastar más en lo militar y a desviar recursos que podían haber ido a obras públicas o inversión. Eso se tradujo en déficit y en una mayor dificultad para conseguir crédito en los mercados internos y, sobre todo, externos. Para la gente común la sensación fue de desconfianza: comerciantes con rutas interrumpidas por levantamientos, comerciantes que veían cómo bajaba la llegada de capital extranjero y productores agrícolas que sufrían por la seguridad y las trabas al transporte. Las finanzas públicas se tensaron; el Estado no tuvo el tiempo ni la estabilidad necesaria para aplicar reformas fiscales profundas que sostuvieran ingresos estables. Además, los efectos regionales fueron distintos: algunas zonas industriales resistieron mejor, pero muchas áreas rurales vieron empeorar su situación por la guerra y la inseguridad. Pienso que el impacto más perdurable no fue una transformación económica radical, sino un freno a la inversión y una ampliación del déficit que dejó la puerta abierta a la Restauración que vino después. Fue un periodo que mostró cómo la política y la economía están fuertemente entrelazadas, y me quedó la impresión de que la corta duración impidió soluciones estructurales reales, dejando más cicatrices que cambios positivos.

Siempre me atrae la forma en que la República Romana dejó su marca en Hispania, y si tengo que destacar a los líderes más importantes, empiezo por los Scipiones. En los primeros años de la presencia romana en la península, Gneo Cornelio Escipión Calvo y Publio Cornelio Escipión (el padre de Escipión el Africano) fueron las puntas de lanza contra Cartago durante la Segunda Guerra Púnica: abrieron el frente en Hispania, crearon alianzas con tribus locales y sufrieron pérdidas importantes que forzaron la llegada del joven Publio Cornelio Escipión Africanus. Escipión el Africano es, para mí, el nombre clave: su toma de «Cádiz»—los romanos llamaban Nueva Cartago—en 209 a.C. y su victoria decisiva en Ilipa (206 a.C.) neutralizaron la potencia cartaginesa en la región y permitieron la consolidación romana. Después de la caída de Cartago, Hispania no fue un territorio pacífico; hubo campañas prolongadas contra celtas y celtíberos. Más adelante, durante la crisis de la República tardía, la figura que más me fascina es Quintus Sertorius. Fue un romano que se hizo líder local en Hispania, organizó una administración paralela y ejerció un liderazgo militar y político notable entre 80 y 72 a.C. Su estrategia de guerrilla y su habilidad para ganarse a pueblos indígenas lo convierten en uno de los grandes protagonistas de la historia hispana romana. Frente a él, Roma envió a figuras como Quintus Caecilius Metellus Pius y, finalmente, Gneo Pompeyo Magnus, que con recursos mayores y presión política lograron revertir la situación. Para cerrar, no puedo dejar de mencionar a Cayo Julio César, que también tuvo relevancia en Hispania: su campaña en la Guerra Civil (la derrota de Afranio y Petreyo en Ilerda, 49 a.C.) y la batalla de Munda (45 a.C.) contra los hijos de Pompeyo rematan la intervención romana en la península en el contexto civil. En conjunto, los nombres que más peso tuvieron en la República Romana en España serían los Escipiones (Gneo, Publio y sobre todo Escipión el Africano), Quintus Sertorius, Quintus Caecilius Metellus Pius, Pompeyo y, en la fase final, Julio César; cada uno dejó huellas distintas: conquistas, resistencia local, pacificación y transición hacia la organización provincial que conocemos luego. Me resulta fascinante ver cómo cada líder imprimió una forma diferente de gobernar y combatir en Hispania.

Me fascina ver cómo los primeros pasos de una nación se parecen a los primeros capítulos de una saga larga y complicada. Yo recuerdo que el primer presidente de la República Mexicana fue Guadalupe Victoria, cuyo mandato comenzó el 10 de octubre de 1824 y terminó el 31 de marzo de 1829. Esa presidencia no surgió de la nada: vino tras la caída del Imperio de Iturbide y la etapa de un gobierno provisional, y se asentó con la promulgación de la Constitución de 1824, que estableció la forma federal republicana. Durante su gestión intentó consolidar la independencia, fortalecer las instituciones y mantener la unidad frente a facciones que querían volver a formas monárquicas o fragmentar el país. No todo fue éxito, la economía estaba débil y hubo conflictos locales, pero su legado como primer presidente constitucional marca un antes y un después en la historia política mexicana. Me resulta curioso pensar en cómo decisiones tomadas entonces aún resuenan hoy.

Me encanta trazar mapas de reyes y reinas, y el siglo XVIII español es especialmente jugoso. En ese siglo la Corona pasó casi toda la centuria en manos de la dinastía borbónica, que llegó tras la muerte sin heredero de Carlos II y la guerra de Sucesión: Felipe V (1700–1724 y 1724–1746) fue el primer Borbón en España. Su reinado marcó el inicio de profundas transformaciones administrativas y el trasvase de modelos franceses al gobierno español. Entre medias de su primer y segundo tramo aparece Luis I (1724), que solo reinó unos meses antes de morir; es una curiosidad que siempre me gusta comentar en tertulias históricas. Luego vino Fernando VI (1746–1759), un monarca que, en mi opinión, se esforzó por consolidar una etapa más calmada tras tanto conflicto internacional; su política fue más conservadora y centrada en la estabilidad interna. A partir de 1759 sube al trono Carlos III (1759–1788), uno de los reyes más emblemáticos del siglo: impulsa las llamadas reformas ilustradas, moderniza la administración, fomenta la economía y las obras públicas; su perfil me parece el de un reformador pragmático que quería poner a España al día. El siglo cierra con el inicio del reinado de Carlos IV (1788–1808), cuyo gobierno arranca en 1788 y ya se mete de lleno en los complicados años finales del siglo, con la influencia de la Revolución Francesa y las tensiones europeas. Contarlo así me hace ver el siglo XVIII como una mezcla de continuidad dinástica, experimentos de modernización y episodios personales singulares; todo ello me deja con la sensación de haber pasado por una novela histórica llena de giros.

Me encanta pensar en cómo unos pocos reyes marcaron siglos enteros; por eso, cuando hablo de los reyes más importantes de España siempre empiezo por los que cambiaron el mapa y la ambición del reino. Los primeros que vienen a mi cabeza son los Reyes Católicos, Isabel y Fernando: su matrimonio no solo unificó territorios, sino que impulsó la Reconquista hasta Granada en 1492 y patrocinó los viajes de Colón, lo que abrió el imperio ultramarino. Luego pienso en Carlos I (Carlos V del Sacro Imperio): su dominio abarcó media Europa y América, enfrentó la Reforma protestante y dejó a España como potencia mundial, aunque también cargada de conflictos y costes enormes. No puedo olvidar a Felipe II, que centralizó la monarquía, consolidó el imperio y simbolizó el poder español en el siglo XVI, pero también vivió el desgaste por guerras constantes. En la era moderna destacaría a Felipe V por traer la dinastía borbónica y las reformas de centralización, y a Carlos III por sus medidas ilustradas que modernizaron la administración y la economía. Y en sentido más contemporáneo, valoro mucho a Juan Carlos I por su papel en la transición a la democracia: su acción política cambió el curso del país. Personalmente, estos nombres me parecen capítulos esenciales para entender por qué España es como es hoy, con luces y sombras que aún generan debate.